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La ley rectora de los contratos internacionales de consumo: el sistema del Reglamento nº 593/2008 ("Roma I")

  • Autores: Pilar Juárez Pérez
  • Localización: Estudios de Deusto: revista de Derecho Público, ISSN 0423-4847, Vol. 58, Nº. 1, 2010, págs. 47-78
  • Idioma: español
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      El Reglamento Roma I, de 17 de junio de 2008, ha modificado el sistema de designación de la ley rectora de los contratos internacionales de consumo contenido en su antecedente normativo, el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980. La reforma ha abordado básicamente dos cuestiones: el ámbito material de dichos contratos y el mecanismo de determinación de su lex causae. En el primer punto, se amplía el concepto de contrato de consumidores, extendiéndolo a todos los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor, sin la limitación del Convenio de Roma a que estos tuvieran por objeto el «suministro de bienes corporales o servicios». En el segundo aspecto, la ley rectora del contrato queda determinada por un sistema objetivo, que prefiere el ordenamiento de la residencia habitual del consumidor como norma presumiblemente más favorable para este. Esta designación objetiva puede ser modificada por la autonomía de la voluntad de las partes, aunque limitada por las disposiciones imperativas sobre protección del consumidor contenidas en la ley de su Estado de residencia habitual. Con ello, el legislador configura un sistema conflictual mucho más previsible que el anterior, que favorece la seguridad jurídica y evita el fraccionamiento del contrato, pero que resulta cuestionable desde el punto de vista de la mejor protección del consumidor. Finalmente, la validez formal del contrato se somete únicamente a la ley de la residencia habitual del consumidor, manteniendo el sistema ya acogido por el Convenio de Roma, lo cual resulta criticable, por limitar las posibilidades de validez del contrato.

    • English

      The Rome I Regulation, of June 17, 2008, has modified the system of designation of the governing law of the international consumer contracts contained in the precedent regulation, the Rome Convention of June 19, 1980. The reform has approached basically two questions: the scope of material application of consumer contracts and the mechanism of determination of their lex causae. In the first point, the concept of consumers’ contract is broaden, extending it for all the contracts celebrated between a professional and a consumer, without the limitation of the Rome Convention to which these took as an object the «supply of corporal goods or services». In the second aspect, the governing law of the contract remains determined by an objective system, which prefers the classification of the habitual residence of the consumer as presumably a more favorable norm for this one. This objective designation can be modified by the freedom of choice of the parties, though limited by the imperative dispositions on protection of the consumer contained in the law of his State of habitual residence. With it, the legislator forms a conflict-of-laws system much more predictable than the previous one, that favors the juridical safety and avoids the division of the contract, but that turns out to be questionable from the point of view of the best protection of the consumer.

      Finally, the formal validity of the contract surrenders only to the law of the habitual residence of the consumer, supporting the system already received by the Agreement of Rome, which turns out to be open to criticism, for limiting the possibilities of validity of the contract.


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