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A pesar de las dificultades de justiciabilidad de los derechos sociales, resulta sensato deducir que aquellos Estados con un mayor reconocimiento de los derechos sociales en sus constituciones contarán con más predisposición para su respeto y cumplimiento. No obstante, ¿es esta hipótesis cierta? ¿hasta qué punto es relevante la inclusión de un amplio catálogo de derechos a nivel constitu- cional a efectos de garantía? ¿Cuál es el rol de los tribunales en la protección de los mismos? Este libro trata de responder estas preguntas partiendo de distintas experiencias, de América Latina y África, que han elaborado sus cartas magnas los últimos 25 años. Desde los modelos económicos que estas constituciones propugnan, con diferencias abismales como es el caso de Colombia, Túnez o Venezuela; hasta la existencia de mecanismos de defensa en los tribunales -recursos de amparo o acciones de tutela-, con experiencias contrapuestas en la experiencia del activismo judicial de la Corte Constitucional de Colombia y la pasividad de los tribunales ecuatorianos en la defensa de los DESC; pasando por la incorporación en los textos constitucionales de elementos determinantes como la eficacia horizontal de los derechos, la cláusula abierta de reconocimiento de nuevos derechos, la categorización y jerarquización de los DESC o la aplicabilidad directa de los derechos.