La trata de personas es una actividad delictiva que atenta contra los derechos humanos, lesionando la dignidad de las víctimas y afectando negativamente su desarrollo y bienestar, así como el de su círculo más próximo. El Gobierno Colombiano ha dispuesto un dispositivo institucional para enfrentar la trata de personas y ha venido impulsando un proceso de descentralización de la política pública para que los municipios y departamentos asuman efectivamente la implementación de la estrategia nacional. Esta estrategia, sin embargo, se enfrenta a una serie de retos. Uno de ellos es la escasa información que los funcionarios encargados de atender a las víctimas tienen sobre la trata de personas y sobre la ruta de asistencia y protección actualmente establecida.
Human trafficking is a criminal activity that violates human rights, damaging the dignity of the victims and negatively affecting their development and well-being, as well as that of their closest circle. The Colombian Government has established an institutional device to confront human trafficking and has been promoting a process of decentralization of public policy so that municipalities and departments effectively assume the implementation of the national strategy. This strategy, however, faces a number of challenges. One of them is the scant information that the officials in charge of assisting victims have on human trafficking and on the currently established route of assistance and protection.
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