Información General

• Autores: Carlos Lasarte Álvarez, Fátima Yáñez Vivero, Araceli Donado Vara (col.), Francisco Javier Jiménez Muñoz (col.)
• Editores: Marcial Pons
• Año de publicación: 2026
• Edición: 31ª
• Colecciones: Manuales universitarios
• País: España
• Idioma: español
• ISBN: 979-13-87913-98-4, 979-13-88286-52-0
• Otras ediciones del libro:
  • 30ª Edición, Año 2025. ISBN: 978-84-1381-948-8, 979-13-87913-22-9
  • 29ª Edición, Año 2024. ISBN: 978-84-1381-804-7, 978-84-1381-866-5
  • 28ª Edición, Año 2023. ISBN: 978-84-1381-655-5, 978-84-1381-705-7
  • 27ª Edición, Año 2022. ISBN: 978-84-1381-413-1, 978-84-1381-414-8
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Resumen

• Son varias las razones que permiten enjuiciar admirativamente la obra del profesor Lasarte que inicia su andadura con este primer tomo dedicado, básicamente, al Derecho de la persona y a la tradicionalmente denominada "Parte General" del Derecho civil. La primera de ellas, probablemente, radique en su vibrante y atractiva prosa, que carece de parangón en obras de similar naturaleza. A ella se suman sin duda su magnífica información bibliográfica y jurisprudencial, la riqueza de contenidos y de aspectos reflexivos, así como su excelente actualización.

  La presente edición se encuentra rigurosamente actualizada, conforme a las nuevas disposiciones normativas de las que se ofrece ya un avance en la propia faja de cubierta de esta edición y, con mayor detalle y extensión, en el prólogo. En cuanto a novedades jurisprudenciales, se incorporan a esta edición: la STS 3276/2021 considera que establecer las medidas judiciales de apoyo a favor de una persona con discapacidad es procedente en todo caso incluso si el sujeto afectado pretende rechazarlas, dado que su ausencia puede provocar un grave deterioro personal y una degradación en el ejercicio de sus derechos y de sus relaciones personales y sociales cuando existe una importante y urgente necesidad asistencial. La SAP de Pontevedra (Sec. 3.ª), de 21 septiembre 2021, ha sustituido la patria potestad rehabilitada, establecida en la sentencia recurrida (dictada antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021) por una curatela asistencial con la anuencia de la persona con discapacidad, quien, según el informe forense, necesitaba supervisión y ayuda en gran parte de las tareas de su vida cotidiana, pero no una sustitución, nombrándose, como curadora asistencial, a la madre. De otro lado, la STS 3770/2021, revocó la sentencia recurrida en la que no se había respetado la disposición testamentaria en la que se había constituido una autocuratela. Se trataba del caso de una madre, con seis hijos, que había designado (en época anterior a la Ley 8/2021) tutora a una de sus hijas y, en su defecto y por orden sucesivo, a dos de sus hijos, expresando su deseo de que no se nombrara "a cualquiera de los otros tres hijos ni a ninguna asociación pública o privada ni a ningún organismo similar".

  La 28.ª edición está actualizada conforme a las siguientes novedades legislativas: la "Ley 4/2023 para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI", que representa el último hito normativo en la regulación de la transexualidad. Respecto de la adquisición derivativa de la nacionalidad española, el derecho de opción ha sido ampliado por la Ley 20/2022, "de Memoria Democrática", que concede derecho a la nacionalidad española por parte de los nacidos fuera de España de progenitores o abuelos que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. De otro lado, la Ley 20/2022, "de Memoria Democrática", establece que concurren circunstancias excepcionales en los voluntarios integrantes de las "Brigadas Internacionales" que participaron en la Guerra Civil española de 1936 a 1939, así como sus descendientes, para la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza. Debe citarse también la reciente Ley 19/2022, de 30 de septiembre, "para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca".

  La 31.ª edición está revisada y actualizada conforme a las siguientes novedades jurisprudenciales: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Sentencia de 11 de junio de 2026, en un caso de internamiento forzoso de una embarazada para dar a luz a su hijo, acoge favorablemente el razonamiento del Tribunal Constitucional español (STC de 2 de junio de 2022), considerando que, pese a la ausencia de una previsión legal específica de internamiento obligatorio para el parto, el artículo 29 CC, entre otros preceptos, ofrece cobertura suficiente para justificar este internamiento.

  La STS 3.ª 690/2026, de 3 de junio (del Pleno) ha reconocido legitimación para recurrir la concesión de la eutanasia, no solo al Ministerio Fiscal, sino también a personas que muestren un vínculo familiar y una proximidad afectiva estrecha entre el recurrente y el solicitante de la prestación, en cuanto que ostentan un interés legítimo propio especialmente cualificado.

  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado reiteradamente que las autoridades nacionales deben reconocer el cambio registral de género efectuado en otro Estado miembro de la Unión Europea, pues lo contrario sería opuesto a la libre circulación de los ciudadanos europeos reconocido en el Derecho de la Unión. Así, las SSTJUE de 4 de octubre de 2024 (Mirin, as. C-4/23) y 12 de marzo de 2026 (Shipov, as. C-43/24).

  También el Tribunal de Justicia de la Unión, en STJUE, de 4 de junio de 2026 (asunto C-560/24), priva de la nacionalidad, por adquisición fraudulenta, a un nacional de un tercer país que reside en Irlanda como estudiante y que contrae matrimonio, considerado de conveniencia, con una ciudadana de la Unión Europea.

  La STS de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 393/2026, de 23 de marzo, ha concretado que los animales no gozan de derechos fundamentales, y en particular el derecho a la integridad física y moral.

  Por último, se refleja la STS 244/2026, de 17 de febrero, según la cual no será admisible que el apoderado aproveche un poder general para autodonarse un conjunto de bienes sin consentimiento expreso ni ratificación posterior del poderdante.

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