La reforma del procedimiento administrativo común operada por la Ley 39/2015 y el nuevo régimen del sector público plasmado en la Ley 40/2015, ambas de 1 de octubre, plantean a los operadores jurídicos novedades de cierto alcance, al tiempo que exigen de las administraciones públicas importantes adaptaciones culturales y técnicas. Y todo ello manteniéndose en pie, en gran medida, la construcción normativa de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El Instituto de Estudios Autonómicos agradece la oportunidad de haber podido recoger en este volúmen de la renacida Col.lección Debats un visión lúcida y crítica de estos cambios normativos; una visión que corre a cargo de algunas de las voces más autorizadas del derecho administrativo español y que, sin duda, va más allá de unos comentarios al uso.
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