El autor, a través de un supuesto práctico y real vivido desde hace 80 años, ofrece una visión clara del problema creado por la orden de clasificación realizada por la administración, de una fundación religiosa, sometiéndola a dos ordenamientos jurídicos distintos, el canónico y el civil, y a dos Protectorados distintos, la Administración competente y el Obispo como pío ejecutor de las pías voluntades.
El texto expone, con riqueza de detalles, todo el procedimiento seguido desde la petición de la revisión de oficio de la orden de clasificación hasta su conclusión varios años después, detallando todas las alegaciones formuladas y los sólidos argumentos esgrimidos, la abundante documentación aportada y la jurisprudencia que puede sostener dicha pretensión.
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