El estudio y análisis de un instrumento tan trascendente como la Orden Europea de Investigación en materia penal, regulada en la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, es necesario y oportuno una vez que, además, ha comenzado la andadura en la aplicación de la Ley española para su transposición, la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la orden europea de Investigación. La presente obra aborda el estudio de este instrumento de cooperación judicial penal en la Unión Europea, esencialmente en lo que hace a los aspectos más importantes sobre la obtención y utilización de la prueba penal transfronteriza en el espacio judicial europeo. Ciertamente, la Directiva de 2014 implicó un significativo avance respecto al escenario de la asistencia mutua en materia probatoria. La necesidad de profundizar en el principio de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, en materia de obtención y transmisión de prueba penal, ha dado lugar a un verdadero cambio de paradigma, evolucionándose desde el sistema del exhorto europeo de obtención de prueba, basado en la transmisión de la prueba ya existente en el Estado requerido, a un sistema que permite que las autoridades de un Estado puedan pedir medidas de investigación a la autoridad competente de otro Estado, de tal manera y con las garantías que permitan que surtan efectos probatorios en el Estado de emisión. El cambio cualitativo es fundamental, ya que la orden europea de investigación pretende protagonizar el paso de la asistencia judicial, de los clásicos instrumentos convencionales y de la práctica de las tradicionales comisiones rogatorias, a un sistema basado en el principio de reconocimiento mutuo, aplicado a la práctica de la investigación y a la obtención licita y eficaz de fuentes de prueba en otro Estado. Esta publicación estudia así el ámbito y contenido de la orden europea de investigación, las autoridades competentes, con especial atención al destacado papel que asume el Ministerio Fiscal, la emisión y transmisión de la orden de investigación, su reconocimiento y ejecución, con particular consideración de las causas de denegación, así como los problemas que plantea la incorporación de la prueba obtenida en otro Estado al proceso penal español. Todo ello teniendo presente que este tránsito hacia el nuevo paradigma en materia de prueba transfronteriza no está exento de dificultades, ya que la vigencia de diferentes sistemas penales, y de diferentes modelos de investigación en los Estados miembros, la falta de coordinación con los distintos instrumentos sobre homogeneización de garantías procesales, así como los diferentes sistemas de exclusión probatoria y control de admisibilidad, no permiten hablar plenamente de reconocimiento mutuo.
págs. 25-28
La eficacia de las pruebas penales obtenidas en el extranjero al amparo del régimen convencional: apogeo y declive del principio de no indagación
págs. 31-63
págs. 67-95
Garantías del investigado y acusado en orden a la obtención, cesión y tratamiento de datos personales en el proceso penal: a propósito de la directiva (UE) 2016/680 y su impacto en materia de prueba penal
págs. 97-153
Prueba penal electrónica en la Unión Europea: las futuras órdenes europeas de entrega y conservación
págs. 155-167
págs. 169-181
págs. 183-196
págs. 197-207
págs. 209-223
págs. 225-238
págs. 239-251
págs. 253-267
págs. 269-282
El proceso legislativo ordinario para la creación de un proceso penal europeo: ¿existe confianza mutua entre los estados?
págs. 283-293
Orden europea de investigación: aspectos generales del nuevo instrumento de obtención de prueba penal transfronteriza
págs. 297-326
págs. 327-335
págs. 337-349
El traslado temporal de personas privadas de libertad al amparo de la orden europea de investigación: especialidades según la regulación española
págs. 351-367
págs. 369-381
págs. 383-393
págs. 395-408
págs. 409-422
La adaptación de la orden europea de investigación en Italia: aspectos generales del decreto legislativo del 21 de junio de 2017, núm. 108
págs. 423-433
Orden europea de investigación: autoridades competentes en el estado emisor y de ejecución, especial consideración del papel del ministerio fiscal
págs. 437-456
págs. 457-471
Orden de investigación europea: España como país de emisión
págs. 475-534
págs. 535-545
págs. 547-559
págs. 561-572
Reconocimiento mutuo y prueba administrativa y penal europea en el espacio europeo de justicia penal
págs. 575-593
págs. 595-632
págs. 633-645
Reconocimiento y ejecución de la orden europea de investigación: alternativas al reconocimiento o la ejecución
págs. 647-684
págs. 685-701
págs. 703-716
págs. 719-766
Orden europea de investigación y exclusión probatoria: admisibilidad, impugnación y denegación en el estado de enjuiciamiento o en el de ejecución cuando se aprecie vulneración de un derecho fundamental
págs. 767-796
La orden europea de investigación: especial consideración de los problemas que plantea el doble control de admisibilidad en el obtención de prueba
págs. 797-814
págs. 815-829
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