La ejecución forma parte imprescindible de la potestad jurisdiccional sin la cual carecerían de efectividad las resoluciones judiciales. Pero la ejecución no es un cometido fácil ni una materia que cuente con una regulación suficiente, ágil y moderna.
Son los jueces de ejecución, que en principio es el juez de la instancia que dictó la sentencia, quienes establecen la duración de la pena a cumplir. Es una tarea relativamente sencilla cuando se trata de una única pena privativa de libertad pero el trámite se complica extraordinariamente cuando de lo que se trata es de fijar el máximo de cumplimiento de un penado con varias condenas pendientes de cumplir
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