La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (LPAC), y su "siamesa", la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público (LRJSP), son dos normas jurídicas que no habían sido ni reclamadas ni esperadas por la doctrina científica, y que han supuesto una pequeña "revolución" en el Derecho administrativo, al separar en dos leyes diferentes materias que en España habían sido reguladas tradicionalmente en un mismo texto legal.
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