La República Dominicana es productor de un secular proceso de mestizaje donde la africanidad y el hispanismo han jugado un papel protagónico. La rivalidad política con Haití, país de población mayoritariamente negra, provocó en el pasado un firme rechazo hacia la negritud generándose dentro del cuerpo nacional una doble fractura política y etnocultural, la cual involucra actualmente otras cuestiones de índole social, económica y jurídica. La base conceptual de esta múltiple fractura se asienta en el pensamiento de sectores conservadores y ultra-nacionalistas cuya defensa de la blancura, como indicador somático y cultural del pueblo dominicano, ha contribuido a construir un discurso identitario hegemónico y excluyente que todavía impregna el imaginario colectivo nacional.
Este discurso ha contado con la réplica de grupos intelectuales dominicanos de signo liberal que ha sustentado y defendido el carácter pluri-étnico de la nación dominicana y la centralidad del mulatismo dentro del espectro cultural de la nación. A estas voces se suman actualmente el ideario de organismos internacionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos y asimismo el raciocinio constitucional del Estado dominicano que aboga por la equidad y el respeto a las diferencias. Pero estos empeños deben superar las dificultades derivadas de su carácter ingerente y también los obstáculos que impone la existencia de intereses económicos creados y de compromisos políticos pactados. En este contexto, las nuevas propuestas no "oficiales" que emergen desde la ciudadanía en favor de la equidad y de la tolerancia adquieren una gran importancia, ya que actúan como propulsoras de aquellas otras iniciativas institucionales.
Tales actitudes no están exentas de polémica. De hecho han generado en la opinión pública una dura confrontación ciudadana que no hace sino poner de manifiesto la doble fractura que subyace dentro del tejido social de la nación: la que se abre entre los distintos sectores sociales del país y la que separa al conjunto de la ciudadanía frente al Estado. El restañamiento de estas fracturas se impone como condición necesaria para el logro de una mayor cohesión social y para el fortalecimiento de la institucionalidad política.
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