La sociedad española y sus instituciones viven un presente complejo. Tras más de un lustro de crisis económica, el brusco descenso de ingresos explica severos ajustes en la retribución de los empleados y en la prestación de servicios públicos. Tan difíciles circunstancias propician la desmotivación y comprensibles protestas que exigen a los gobiernos locales estar a la altura -en el sentido orteguiano de la expresión- respondiendo a los desafíos de su tiempo con la ventaja que les ofrece la proximidad y la especial sensibilidad para responder a las demandas ciudadanas.
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