Desde hace algunos años el modelo de construcción europea libra en sus entrañas una lucha entre los defensores de la cimentación de la organización en expresiones de legitimidad ciudadana y los partidarios de la clásica legitimidad de los Estados. La Constitución Europea supuso esfuerzos infructuosos en favor de la primera. Sin embargo, la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que incorporaba fue rescatada en el actual Tratado de Lisboa.
La ICE faculta a los ciudadanos a proponer la adopción de una norma a la Comisión Europea, lo que supone una novedad en el entramado institucional y la producción normativa. De ahora en adelante, el “triangulo legislativo” de la UE va a contar con un cuarto actor, la ciudadanía, llamada a desempeñar un interesante papel.
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