Una parte sustancial de los mecanismos para indagar y probar la comisión de delitos se basa en el examen de novedosas fuentes o soportes de datos. Nos referimos a formatos electrónicos, a bases de datos recopilados preventivamente (videovigilancia, tráfico de telecomunicaciones, perfiles identificadores de ADN, etc.) o, incluso, a las llamadas «actividades de inteligencia». Estas nuevas formas de obtención de información han irrumpido ya hace tiempo en nuestro proceso penal y, sin duda, lo han hecho para quedarse.
La potencialidad para la investigación y la aptitud probatoria de esos vestigios, cualquiera que fuera su formato, no parece cuestionarse. Pero la ausencia de un claro fundamento normativo condiciona y lastra la recopilación de información, su utilización, su valoración e incluso, en ocasiones, permite poner en duda su licitud. No deja de producir sorpresa el enorme contraste que se pone de manifiesto cuando diligencias de investigación novedosas pero habituales, de las cuales se quiere obtener un resultado probatorio válido, no tienen más opción que la de realizarse al amparo de unas normas procesales penales que siguen ancladas en el pasado remoto.
El propósito principal con el que se presenta esta obra es el de ofrecer al lector soluciones a los problemas que los citados aspectos están planteando en la práctica judicial y policial, sugiriendo además cuáles pudieran ser las mejores formas de afrontarlos en el próximo futuro. Son objeto de atención específica, por ejemplo, el uso en el proceso penal de información derivada de inteligencia, las nuevas fronteras de la intervención de comunicaciones, el uso de técnicas de investigación invasivas de la intimidad o la problemática suscitada por el uso forense de las bases de datos de ADN. Junto con ello se analizan diversas modalidades delictivas específicas de la sociedad de la información y se revisa la forma en la que nuestra administración de justicia está preparada hacer frente a los nuevos retos.
Sobre esas materias, todas ellas plenamente actuales, se ofrecen al lector diversas perspectivas tanto teóricas como prácticas, muchos de cuyos aspectos esenciales han sido ya analizados y sometidos a discusión pública ante cualificados foros académicos y profesionales.
págs. 27-86
La valoracion de la prueba en los delitos de terrorismo: los informes de inteligencia
págs. 87-106
Intervención de comunicaciones: nuevos dasafíos, nuevos límites
págs. 109-172
El nuevo papel de la telefonía móvil en el proceso penal: ubicación y perfiles de desplazamiento
págs. 173-219
Usos delictivos no comunicativos de la telefonía móvil: ¿una excepción a la protección del artículo 18.3 CE?
págs. 219-240
La identificación del titular de una dirección IP: problemática en aplicación de la ley 25/2007, de conservación de datos
págs. 241-330
págs. 267-310
Un centinela virtual para investigar delitos cometidos a través de las redes sociales: ¿deberían ampliarse las actuales funciones del agente encubierto en Internet?
págs. 311-330
págs. 331-377
págs. 381-408
Dos cuestiones controvertidas sobre la prueba de ADN: la recogida por la policía judicial de muestras biológicas para la práctica de la prueba pericial de ADN en el proceso penal y el régimen de sometimiento del sujeto pasivo de las medidas de inspección, registro o intervención corporal
págs. 409-436
El intercambio de perfiles de ADN en la UE y la armonización de su nivel de protección: el plazo de cancelación de los perfiles en la base de datos
págs. 437-460
págs. 463-494
págs. 495-514
El nuevo delito de falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje (LO 5/2010, de 22 de junio): aspectos sustantivos y procesales
págs. 515-528
págs. 529-544
págs. 547-586
págs. 587-604
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