Cristina Sánchez-Rodas Navarro (coord.), María Teresa Velasco Portero
La inmigración irregular es uno de los grandes desafíos que España, junto con los restantes Estados de la Unión Europea, ha de afrontar. La complejidad que este fenómeno presenta se incrementa por las reformas legislativas, que se suceden a un ritmo acelerado, unido a los significativos cambios jurisprudenciales en cuanto a la aplicación de la normativa vigente. A la vista de este confuso panorama jurídico, no es extraño que sigan planteándose problemas interpretativos sobre cuestiones tan esenciales como la calificación del contrato celebrado con inmigrantes en situación irregular, la determinación de qué derechos laborales y de Seguridad Social y Asistencia Social pueden serles reconocidos o qué garantías procesales pueden invocar en todo caso ante los tribunales nacionales.
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