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Nuestro sistema económico depende para su correcto funcionamiento de la protección de la propiedad privada. Un marco institucional que establezca una regulación eficiente, estable y predecible, y que garantice de forma efectiva los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos es clave para el buen funcionamiento de las empresas, para el crecimiento económico, y para la generación de riqueza y bienestar a largo plazo de un país.

Unos derechos de propiedad bien definidos, amparados por la Ley, y libremente transferibles, constituyen el clima obligado para la cooperación voluntaria entre los distintos agentes, y, por tanto, para el adecuado ejercicio de la función empresarial y la actividad económica. Todo ello redundará en un mayor crecimiento económico, generación de riqueza, bienestar a largo plazo, estabilidad y paz social. El Registro de la Propiedad es uno de los principales garantes de los derechos de propiedad, ya que mediante su labor aporta seguridad jurídica, transparencia en la información y facilidad de transmisión de la propiedad.

La bondad de nuestro sistema registral y su contribución al desarrollo económico queda reflejada en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP), estudio elaborado con periodicidad anual por la Property Rights Alliance, que mide la fortaleza del marco de protección de los derechos de propiedad existente en los distintos países y que publica para España el Instituto de Estudios Económicos.