Este es un libro sobre un cierto ideal de la justicia penal a partir de cierto ideal de sociedad, que es la democrática. Los valores que están detrás de una concepción democrática del ordenamiento son esencialmente la libertad (la autonomía personal), la igualdad, la seguridad, la dignidad humana. Y a partir de ellos el modo de generar normas penales y de interpretarlas y aplicarlas ha de ajustarse a ciertas directrices, que son las que demarca un hexágono de principios. Uno, predominantemente formal, es el de legalidad: nos indica que las normas penales sólo las pueden aprobar nuestros representantes, que deben hacerlo con claridad y hacia delante en el tiempo, y que son vinculantes para los jueces. El contenido de esas normas, sin embargo, no es libérrimo para los parlamentarios, y aquí la justicia sirve de los límites que procuran los principios de proporcionalidad, igualdad y culpabilidad. El rigor de las consecuencias penales (el deshonor y la cárcel) las somete a un escrutinio de proporcionalidad que advere tanto su necesidad como que no sea más lo que perdemos que lo que ganamos con la pena. La igualdad vetará que se hagan distingos irrazonables ni entre los ciudadanos a los que se sanciona ni entre los ciudadanos a los que se protege. Y la dignidad de la persona, a través de la idea de culpabilidad, impondrá que la pena solo pueda tener como destinatario al autor del hecho lesivo que haya actuado en l uso normal de su libertad.
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