Esta obra colectiva diagnostica algunas de las causas del deterioro de importantes instituciones propias del Estado de Derecho y trata de proponer soluciones, para someterlas a la consideración de los juristas. Las erosiones afectan a las necesarias garantías de los derechos de la ciudadanía y a los tres poderes del Estado. El lector podrá encontrar un riguroso análisis de la distorsión que supone para la función legislativa el abuso de la proposición de ley y de la presentación de enmiendas sin conexión, así como el incremento del número de decretos-leyes y la técnica de los decretos-leyes ómnibus. Por lo que se refiere al poder ejecutivo, se aborda la falta de presentación por el Gobierno de la Ley de presupuestos generales del Estado, el deterioro de las relaciones con los otros poderes del Estado y la trascendencia del control jurisdiccional del ejercicio de la potestad reglamentaria. En relación con las SSTC sobre el caso “ERE”, se analiza el resurgimiento del concepto de “acto político del gobierno” infiscalizable por los tribunales, que parecía desterrado de nuestro ordenamiento jurídico. Al poder judicial se dedica una buena parte de la obra: las relaciones entre el TS y el TC, la crisis institucional del Consejo General del Poder Judicial, tanto por lo que se refiere al sistema de elección de sus vocales como por lo que atañe a los nombramientos discrecionales que corresponde hacer a este órgano, y las pretendidas reformas del sistema de ingreso en la judicatura, del Ministerio Fiscal (en particular, la atribución a éste de la instrucción penal) y de la acción popular. Los tres últimos capítulos tienen por objeto el Derecho europeo, ya que en el TJUE y en el TEDH puede verse una ayuda institucional que contribuya a revertir las erosiones que se aprecian en nuestro Estado de Derecho.