La finalidad última de la regulación constitucional de los estados excepcionales es asegurar la continuidad del sistema democrático tanto en su vertiente institucional como, sobre todo, a la hora de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades en circunstancias excepcionales. En este contexto, precisamente, la pandemia ha hecho aflorar la especial y delicada situación en la que se encuentran ciertos grupos especialmente vulnerables o en situación de exclusión social, la cual exige el desarrollo de una serie de medidas (políticas públicas), a cuya realización han contribuido, entre otros mecanismos e instituciones, las Defensorías del Pueblo.
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El impacto de la crisis provocada por el covid-19 sobre los derechos constitucionales: derecho a la protección de la salud, al trabajo y a la vivienda
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