La investigación y el enjuiciamiento penal constituyen hoy un sistema de garantías que, sin desatender los derechos de la víctima, sitúan al investigado como centro de protección frente al poder punitivo del Estado. En este escenario, la prueba se erige como el eje vertebrador del proceso penal: no puede haber condena sin prueba suficiente, obtenida y valorada con pleno respeto a las garantías procesales y más allá de toda duda razonable. Sin embargo, nuestra legislación, anclada en esquemas antiguos, no facilita la construcción de ese edificio probatorio. La sucesión de reformas parciales, sin una visión sistemática ni un verdadero Código Procesal Penal, ha dejado un marco normativo parcheado, que avanza más por impulso jurisprudencial que por coherencia legislativa. En el frontispicio de este sistema, como recordatorio constante de sus límites, se alza el derecho a la presunción de inocencia: verdadero termómetro de la madurez democrática del proceso penal.
Esta obra nace con la voluntad de aportar a la reflexión jurídica desde el análisis riguroso y sistemático de la prueba penal. Pero no se queda en la mera teoría: aspira a colaborar en la consolidación de un modelo procesal sólido en sus principios y, a la vez, capaz de adaptarse con flexibilidad a los desafíos prácticos del enjuiciamiento moderno. Porque solo sobre cimientos firmes -principios, conceptos y garantías- puede levantarse un sistema justo, y solo mediante una jurisprudencia atenta al caso concreto puede mantenerse su vigencia. Esta es nuestra contribución al debate. Ahora, como siempre, queda en manos del lector juzgar su alcance.
págs. 21-48
págs. 49-94
págs. 95-109
págs. 111-148
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págs. 687-705
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