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El espectacular progreso económico y político-institucional que se abrió en nuestro país durante la actual década, especialmente a partir del crecimiento de las exportaciones, la recuperación del mercado interno y el aumento del empleo, mostró sus primeros signos problemáticos en el año 2007, cuando se aceleró el proceso inflacionario y se frenó la creación de nuevos empleos de calidad. A ese proceso, le siguió una relativa retracción económica y un reflujo en las expectativas sociales durante la primera parte del año 2008, cuando el país se vio sacudido por el conflicto agropecuario, el cual impactó de manera negativa sobre algunas importantes economías del interior del país y de manera más generalizada sobre el sistema político. A fines de 2008 y durante buena parte de 2009, si bien el impacto fue menor al de otros lugares del mundo globalizado, la crisis financiera internacional y su efecto recesivo no dejaron de afectar a la economía, el empleo y las cuentas públicas nacionales. Pero a pesar de estos últimos trances, tanto el sistema económico como el sistema político institucional se han mantenido en pie. De todos modos, dadas las dificultades evidentes, cabe preguntarse: ¿cuán factible es para el sistema político y la economía iniciar el bicentenario 2010-2016 ofreciendo a la población mejoras sustantivas en materia de capacidades de desarrollo humano y de distribución equitativa de oportunidades de progreso social?