En el seno de la Unión Europea (UE) se está tramitando, desde diciembre de 2022, una propuesta de Reglamento sobre el reconocimiento de la parentalidad. Si se aprueba, la filiación de un menor quedará determinada por la ley del país donde resida habitualmente la mujer gestante, aunque se trate de un Esta- do no miembro de la UE. El texto obliga a los Estados a reconocer los certificados de nacimiento emitidos por terceros países en los que se establezca la filiación de un menor nacido por gestación subrogada. En este trabajo analizamos cómo la propuesta interfiere en las competencias exclusivas de los Estados miem- bros de la UE para regular la filiación y con las normas de Derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Within the European Union (EU), a proposal for a Regulation on the recognition of parenthood has been in the pipeline since December 2022. If approved, the filiation of a child will be determined by the law of the country where the pregnant woman habitually resides, even if it is a non-EU Member State. The text obliges States to recognize birth certificates issued by third countries establishing the parentage of a child born from surrogacy agreements. In this paper, we analyze how the proposal interferes with the exclusive competences of EU Member States to regulate parentage and with the rules of international human rights law, including the European Court of Human Rights’ case law.
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