El estudio analiza críticamente la presunción de veracidad en los procedimientos administrativos sancionadores de salud en Ecuador, evaluando su impacto en la admisibilidad y valoración de pruebas, así como en el derecho a la defensa de los administrados. Desde un marco teórico que conjuga el derecho administrativo con las nociones de justicia procedimental y debido proceso, el estudio expone cómo este principio jurídico, orientado a la simplificación administrativa, tiende a consolidar un desequilibrio en la relación de poder entre la administración y los administrados. La investigación adopta un enfoque mixto con un diseño no experimental, descriptivo, explicativo y propositivo. Se combinan técnicas de análisis documental de normativa vigente, análisis de casos específicos y entrevistas a expertos en derecho administrativo y funcionarios de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS). Los hallazgos revelan que la presunción de veracidad, lejos de garantizar la eficiencia administrativa, tiende a limitar la equidad procesal y la predictibilidad de los resultados, sugiriendo la necesidad de reformas normativas que reequilibren la carga probatoria y fortalezcan el derecho a la defensa.
This article critically examines the presumption of veracity in health administrative sanctioning procedures in Ecuador, assessing its impact on the admissibility and evaluation of evidence, as well as the right to defense. Through a theoretical framework that integrates administrative law with concepts of procedural justice and due process, the study reveals how this legal principle, aimed at administrative simplification, often consolidates an imbalance of power between the administration and the respondents. The research employs a mixed-methods approach within a non-experimental, descriptive, explanatory, and propositive design. It combines documentary analysis of current regulations, case studies of specific administrative proceedings, and interviews with administrative law experts and officials from the Agency for the Assurance of Health Service Quality (ACESS). Findings show that the presumption of veracity, rather than ensuring administrative efficiency, tends to limit procedural fairness and predictability, highlighting the need for regulatory reforms that rebalance the burden of proof and strengthen the right to defense.
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