No le darán ni tiempo a calentar su nuevo sillón. El futuro ministro de Industria, nada más llegar al cargo, deberá tomar, de inmediato, decisiones difíciles y polémicas. La primera, y quizás la más compleja, tiene fecha de caducidad: antes del 1 de enero de 2012. Apenas una semana después de su llegada al Gobierno, los nuevos gestores del PP deberán zanjar si suben o no la tarifa de la luz entre el 10 y el 15% para más de 20 millones de consumidores y pequeñas y medianas empresas. Una medida que, si se toma, será de lo más impopular, pero dejará satisfechas a las eléctricas, muy peleonas estos días. Si no lo hace, el sector echará chispas. Todo eso, en medio de una verdadera batalla campal, en la que el déficit de tarifa –20.000 millones de euros, y subiendo– y la guerra entre eléctricas y renovables son sólo puntas de lanza.
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