Hace tiempo ya que arrendadores antiguos, arrendatarios modernos y grupos políticos de todos los colores demandaban una regulación más adecuada para potenciar y actualizar el reducido mercado español de alquileres, el más pequeño de la Comunidad Europea. Diez años después de que el propio Congreso constatara esa necesidad y proyectara una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) tenemos un texto casi listo para su aprobación. Pese al retraso, los propios partidos reconocen que el proyecto mejora la situación, pero no la resuelve. La vieja y obsoleta Ley del 64 seguirá vigente muchos años, y con ella infinidad de rentas congeladas, de inquilinos molestos y arrendadores sin arrendar.
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