La existencia de una gran desigualdad social, particularmente en España, ya ha sido reconocida en los ámbitos académicos, políticos y mediáticos. Esa realidad y su incremento, derivado de las consecuencias de la crisis económica y las políticas de austeridad, es evidente entre la ciudadanía. No obstante, la interpretación de su importancia, sus causas y las responsabilidades institucionales están sometidas a un fuerte debate. Por tanto, hay que profundizar en sus características y su evolución. Pero el aspecto más relevante es que este proceso regresivo es valorado como injusto por amplios sectores de la sociedad. La desigualdad, la injusticia social, ha llegado a ser intolerable. Lejos de los intentos de las élites gobernantes de justificar sus medidas antisociales, como inevitables o necesarias, se ha generado entre la mayoría popular una actitud de indignación hacia la imposición de esa involución social y democrática. Lo que se ventila es la legitimación de los distintos actores en pugna, los fundamentos que justifican unas posiciones u otras y, sobre todo, los criterios normativos, las políticas y los cambios institucionales necesarios para superarla y poner las bases de una democracia social.
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