El presente estudio de caso se enfoca en la necesidad de hacer intervenir al Juez de Garantías Penales sobre la decisión fiscal de formular cargos en contra de una persona sospechosa de cometer un delito. En base al enfoque del nuevo constitucionalismo latinoamericano del cual forma parte el Ecuador con la vigencia de la Constitución del 2008, se transforma el rol estático y mecánico del operador de justicia, para convertirlo en un personaje activo dentro del proceso judicial, sobre todo cuando se afectan derechos consagrados en la norma suprema como el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. En este contexto, esta investigación tiene por objeto analizar la incidencia del control de constitucionalidad en las formulaciones de cargos sobre los derechos de las personas sospechosas de una infracción penal, para lo cual se hace un análisis de la potestad de la fiscalía como titular de la acción penal pública, los derechos constitucionales que se ven afectados en las formulaciones de cargos que no cuentan con elementos de convicción; y, el rol del juez en el nuevo constitucionalismo. Como resultado final se presenta una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal incorporando un control de constitucionalidad por parte del juez, previo a dar paso a la formulación de cargos.
This case study focuses on the need to involve the Judge of Criminal Guarantees on the fiscal decision to file charges against a person suspected of committing a crime. Based on the approach of the new Latin American constitutionalism of which Ecuador is a part with the validity of the Constitution of 2008, the static and mechanical role of the justice operator is transformed, to make him an active character within the judicial process, especially when he is they affect rights enshrined in the supreme norm such as the right to legal certainty and due process. In this context, this research aims to analyze the incidence of constitutionality control in the formulations of charges on the rights of persons suspected of a criminal offense, for which an analysis is made of the power of the prosecution as holder of the public criminal action, the constitutional rights that are affected in the formulations of charges that do not have elements of conviction; and, the role of the judge in the new constitutionalism. As a final result, a reform proposal to the Comprehensive Organic Penal Code is presented, incorporating a constitutionality control by the judge, prior to giving way to the formulation of charges.
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