En general, la cultura como política pública está obligada a hallar las maneras que faciliten, no solo el acceso a los bienes y servicios culturales disponibles o al ejercicio de los derechos culturales, sino también a encontrar los caminos que contribuyan a preservar tradiciones, usos y costumbres, a resguardar el patrimonio; pero, sobre todo, necesita facilitar los espacios de participación colectiva en los procesos de toma de decisiones que se orienten a abrir nuevas oportunidades de emprendimiento cultural y comercial, así como a expandir las opciones de ofertas académicas, laborales y productivas, entre otras, dentro del sector de la cultura, y en particular en los territorios locales. De este modo y para poder asimilar la importancia social y económica que revisten las políticas culturales municipales en México, se hace indispensable que los agentes culturales involucrados en el proceso de toma de decisiones públicas se vuelvan coparticipantes responsables y competentes para realizar una revisión exhaustiva de las formas de participación social y de los elementos que las configuran en el campo cultural. Sobre todo, para saber la forma en que estos modelos inciden en los procesos de configuración, gestión y ejercicio de políticas públicas de la cultura.
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