El uso de la videoconferencia en los procesos penales continúa siendo una realidad que dista de consolidarse. Normalmente se arguye que su generalización podría lesionar el derecho a un juicio justo. Sin embargo, la actualidad impone el cada vez más frecuente supuesto en que es el propio acusado el que lo solicita. Sobre este particular supuesto se pronuncia la reciente STJUE de 4 de julio de 2024, FP y otros, As. C-760/22.
Videoconference in criminal proceedings keeps far away from being a realistic option. Being stated that its use may interfere with the right to a fair trail, it is, however, an option increasingly asked by those who intervene as accsued. This paper addresses the recent judgment of the CJEU of 4 July 2024 (Case C-760/22, FP and others) concerning such issue.
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