La regulación concursal alrededor del mundo ha irrumpido en nuevos instrumentos que intentan mitigar los rezagos de la crisis económica producida por la pandemia. Uno de ellos, reafirma el interés recíproco de deudores y acreedores: salvar la empresa sin intervención judicial. Naturalmente, la intervención judicial, aunque garantista, conlleva a que los costos económicos, reputacionales y de riesgo de liquidación aumenten. Podrá requerirse el pago de honorarios de abogados (a); se acrecienta el pánico al interior y exterior de la compañía; la resolución de la crisis es más tardía y ante el fracaso de la reorganización empresarial, deberá procederse con su liquidación. El pre-pack es un mecanismo de negociación pre-concursal que alivia los costos y riesgos de insolvencia definitiva y se convierte en un filtro de negociación para el deudor. Sobre todo, cuando se trata de pequeñas y medianas empresas con imposibilidad de asumir costos adicionales para lograr un acuerdo de recuperación. Sus bondades extraídas del derecho comparado, junto con los intentos legislativos en Colombia con la creación de herramientas semejantes, invitan a que se adopten y desarrollen definitivamente en la legislación concursal nacional.
Bankruptcy regulation around the world has sought new instruments to alleviate the aftermath of the economic crisis caused by the pandemic. One of them ensures the mutual interest of debtors and creditors: saving the company without judicial intervention. Naturally, judicial intervention, while protective, increases the economic, reputational, and liquidation risk costs. In this regard, lawyer intervention may be required; panic within and outside the company intensifies; the resolution could be lengthy, and in the event of a failed corporate restructuring, liquidation must proceed. The pre-pack is a pre-insolvency negotiation mechanism that alleviates the risks of definitive insolvency and becomes a negotiation filter for the debtor, especially for small and medium-sized enterprises unable to bear additional costs to achieve a recovery agreement. Its benefits drawn from comparative law, along with legislative efforts in Colombia involving the creation of similar tools, suggest that they should be definitively adopted and developed in national insolvency legislation.
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