En su afán por promocionar el empleo de los mecanismos de resolución alternativa de litigios para las controversias de consumo, la Unión Europa lleva más tres décadas construyendo un marco normativo adaptado a sus necesidades, cuyo punto álgido se situó en la publicación de la Directiva 2013/11/UE y del Reglamento (UE) 525/2013, aunque no ha cesado de desarrollarse desde entonces. A los diez años de su publicación, el legislador europeo ha retomado la importante labor de modificar estos significativos instrumentos, con el fin de adaptarlos a la realidad del actual mercado digital, así como para responder a los retos que implica el cada vez más habitual carácter transfronterizo de las disputas de consumo que se manifiestan en este medio.
In its quest to promote the use of alternative dispute resolution mechanisms for consumer disputes in the field, the European Union has spent more than three decades building a regulatory framework adapted to its requirements, which peaked with the publication of Directive 2013/11/EU and Regulation (EU) 525/2013, although it has not ceased to develop since then. Ten years after their publication, the European legislator has taken up the important task of amending these significant instruments in order to adapt them to the current situation of the digital market, as well as to respond to the challenges posed by the increasingly common cross-border nature of consumer disputes that arise in this medium.
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