La limitada disponibilidad de terrenos aptos para la construcción de vivienda asequible, particularmente en el segmento del alquiler, es un factor clave de la crisis habitacional. Las trabas administrativas, la lentitud de los procesos de concesión de suelo y la inseguridad jurídica contribuyen a esta escasez. Además, la cesión a la inversión en vivienda libre de terrenos destinados a vivienda protegida ha podido desincentivar la actividad promotora, explicando también la brecha creciente entre el precio medio del suelo y de la vivienda. La percepción de escasez de mano de obra es otro lastre. Finalmente, los incentivos fiscales o los avales, al centrarse en la demanda, tendrán una eficacia reducida y un coste para las arcas públicas, al tiempo que tenderán a agravar las desigualdades.
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