Colombia
El Sistema Nacional de Acreditación, creado por la Ley 30 de 1992, busca que los programas académicos y las instituciones de educación superior que pertenecen a él, cumplan con los más altos requisitos de calidad y realicen los propósitos y objetivos que han declarado tener. Inició su actividad con la acreditación de programas académicos y se expandió hacia la acreditación institucional (1,2).
Los procesos de autoevaluación con fines de acreditación han estado ligados desde sus inicios, a la idea de autonomía y autorregulación, complementada con la exigencia de rendición de cuentas que se hace a la Educación Superior desde distintos sectores sociales.
Por tal motivo debe entenderse que la legitimidad del Sistema está fuertemente ligada con los propósitos de la comunidad académica misma y sus interacciones con la sociedad. Dicha legitimidad es el resultado de una larga deliberación en la que se han venido logrando consensos alrededor de los puntos centrales del sistema; el modelo y sus fases, el concepto de calidad, los factores y características, la metodología para la autoevaluación, la evaluación por pares, etc. La evaluación externa se entiende como un complemento a estos procesos y, por lo tanto los actos de acreditación expresan fundamentalmente la capacidad de autorregulación de los programas académicos y de las instituciones de educación superior (3, 4).
En Colombia, el proceso de acreditación no surge en el marco de la inspección y la vigilancia del estado como sucede en otros países (5-8), sino en el de fomento, reconocimiento y mejoramiento continuo de la calidad. De hecho, hoy se reconoce que la principal y más efectiva inversión realizada en el contexto de la acreditación, no es propiamente la implantación del modelo mismo y de sus procesos evaluativos, sino la inversión en la aplicación de planes de mejoramiento institucional y de programas que han diseñado como requisito para su entrada en el sistema (9-10).
The National Accreditation System, created by Law 30 of 1992, seeks to ensure that the academic programs and higher education institutions that belong to it meet the highest quality requirements and achieve the purposes and objectives they have declared to have. It began its activity with the accreditation of academic programs and expanded towards institutional accreditation (1,2).
Self-evaluation processes for accreditation purposes have been linked from the beginning to the idea of autonomy and self-regulation, complemented by the demand for accountability of Higher Education from different social sectors.
For this reason, it should be understood that the legitimacy of the system is strongly linked to the purposes of the academic community itself and its interactions with society. This legitimacy is the result of a long deliberation in which consensus has been reached on the central points of the system: the model and its phases, the concept of quality, the factors and characteristics, the methodology for self-evaluation, peer evaluation, etc. External evaluation is understood as a complement to these processes and, therefore, the acts of accreditation express fundamentally the capacity for self-regulation of academic programs and higher education institutions (3, 4).
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