En el presente artículo pretendemos abordar la lamentable situación de la Administración de Justicia, así como las causas que la originan y generan la pérdida de confianza y descrédito por parte de la sociedad hacia la misma. Es necesario conocer las tendencias actuales, para tratar de aminorar los perjuicios que se ocasionan a los justiciables, así como las líneas de la política legislativa en esa dirección. Observamos como en lugar de implementar los recursos personales y materiales para alcanzar una Administración de Justicia eficiente, se opta por un cambio de modelo y de concepción de la justicia. Presenciamos como la jurisdicción deja de ser un poder del estado, para devenir un servicio público de gestión que propone soluciones rápidas, ágiles y eficaces a los que a ella acuden. En este contexto surge la importancia de instrumentos alternativos a la jurisdicción para resolver controversias. Sin embargo, esta opción conlleva importantes renuncias de derechos fundamentales, que resultan inadmisibles desde el punto de vista de las garantías del Estado de Derecho. La práctica colaborativa, por el contrario, podría constituir una alternativa viable, a la vez que supondría una nueva oportunidad profesional para el colectivo de la abogacía.
In this article we intend to address the unfortunate situation of the Administration of Justice, as well as the causes that originate it and generate the loss of trust and discredit on the part of society towards it. It is necessary to know the current trends to try to reduce the harm caused to individuals and the lines of legislative policy in that direction. Thus, we observe how instead of establishing the personal and material resources to make an efficient Administration of Justice, a change in the model and conception of justice is chosen. We witness how the jurisdiction stops being a power of the state to become a public management service that proposes quick, agile and effective solutions to those who turn to it. In this context, the importance of alternative instruments to jurisdiction to resolve disputes arises. However, this option involves important waivers of rights that are inadmissible from the point of view of the guarantees of the rule of law. Only collaborative practice constitutes a viable alternative and represents a new professional opportunity for the legal profession.
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