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Niemes Capa , Patricia Alexandra
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Orellana Izurieta, William Gabriel
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Machala, Ecuador
La presente investigación enfrenta la vulneración del principio de oficiosidad frente a los plazos de prescripción y términos de la fase de investigación cuando no se cuenta con información creíble que permita determinar el cometimiento de una infracción para sustanciarlo en un sumario disciplinario, poniendo en riesgo la capacidad de los Directores Provinciales para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. En este sentido, la metodología de investigación utilizada fue un análisis documental cualitativo que alcanzo el objetivo de determinar los plazos de prescripción razonables e idóneas en un sumario disciplinario de la Función Judicial del Ecuador y se constató que el plazo de tiempo corto y la carga laboral influye de manera negativa en la capacidad de oficio de la autoridad administrativa al momento de la obtención de la carga probatoria, lo que lesiona significativamente los derechos primordiales de los sumariados. Este estudio contribuyo al debate académico, aportando ideas para posibles reformas en el marco legal, oponiéndose a vulneraciones del principio de oficio de los Directos Provinciales en los sumarios disciplinarios.
This research confronts the infringement of the principle of ex officio versus the deadlines for prescription and the investigation phase time when there is no credible information available to take that infraction into a disciplinary proceeding, jeopardizing the ability of Provincial Directors to fulfill their duties and obligations. In this way, the methodology used was a qualitative documental analysis that identified reasonable and optimal time limits for prescribing a disciplinary inquiry in the Judiciary Function of Ecuador. It was determined that the short time and workload have a negative influence on the Administrative Authority’s ability to act ex officio, at the time of obtaining the burden of proof, which significantly infringes on the fundamental rights of those being investigated. This study contributes to the academic debate, providing ideas for possible reforms in the legal framework, and opposing violations of the Ex officio Principle of Provincial Directors in disciplinary inquiries.
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