La norma protege al consumidor a la hora de contratar con una per sona privada la realización de uno o varios cursos o enseñanzas que versan sobre una determinada materia, pero que no conducen a la obtención de un título académico oficial pretendiendo que, tanto los usuarios de este tipo de servicios, como los centros y entidades que imparten estas enseñanzas, sean conocedores de los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de las partes y ofreciendo al consumidor y usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón la misma protección que ya disfrutan en otros territorios españoles.
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