El acceso efectivo a la vivienda es un grave problema social. En la actualidad, la mayoría de los ciudadanos deben destinar entre un 50 o un 60 % de sus ingresos netos anuales a la compra o al alquiler de la vivienda, cuando el límite socialmente asumible no debería superar el 30%. Esta circunstancia impide que un enorme contingente de ciudadanos pueda acceder a la vivienda, por estar superados los precios de mercado de la vivienda libre.
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