La velocidad con la que el gobierno de Javier Milei está reconfigurando el mapa del trabajo en la Argentina tiene, al menos en materia normativa, un solo antecedente comparable: el modelo de reprimarización e industricidio que impulsó la dictadura de Jorge Rafael Videla. Como entonces, entre las primeras medidas que anunció el libertario hubo cambios en la política laboral con el lineamiento transversal de dotar de más poder al capital: eliminación de sanciones por falta de registración, limitación de la acción sindical, refuerzo de las facultades empresariales. Y su contracara: bajos salarios, mayor precarización, un desempleo que llegó al 7,6 por ciento en el segundo trimestre del año (más de 1,7 millones de personas), con una presión sobre el mercado de trabajo —personas con problemas de empleo— que alcanza casi al 30 por ciento de la población económicamente activa.
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