Este documento destaca que el Estado peruano tomó a la pandemia como una oportunidad para saquear derechos a los pueblos indígenas, a través de la aceleración de los procesos de consulta, vulnerando derechos de los pueblos indígenas de su propia legislación y jurisprudencia de la Corte Interamericana. El análisis de procesos de consulta (2020-2022) evidenció (I) falta de buena fe, pues en el 88% de los casos se acortó etapas y se excluyó la etapa de diálogo intercultural; (II) falta de accesibilidad, ya que el Estado usó español jurídico en todos los documentos del proceso, a pesar de que en el 77.7% de las comunidades más del 80% de la población tenía una lengua indígena como lengua materna; y (III) el no haber tenido como objetivo llegar a un acuerdo, usando menos tiempo y registrando solo una matriz de acuerdos por parte de una comunidad.
This document highlights that the Peruvian State took advantage of the pandemic as an opportunity to infringe upon the rights of indigenous peoples by accelerating the prior consultation processes in the mining sector, thus violating rights recognized in its own legislation and the jurisprudence of the Inter-American Court. The analysis of consultation processes (2020-2022) evidenced (I) lack of accessibility, as the State used legal Spanish in all process documents, despite the fact that in 77.7% of the communities, over 80% of the population had an indigenous language as their mother tongue; (II) lack of good faith, as 88% of the cases had stages shortened and the intercultural dialogue stage excluded; and (III) the failure to aim at reaching an agreement, using less time and recording only a matrix of agreements from one community.
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