La muerte de Antonio Pedrol, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha sumido al Colegio de Abogados de Madrid, con 25.000 licenciados el más importante de España, en un absoluto desconcierto. Ninguno de los posibles candidatos que hasta ahora se han perfilado para su sucesión encierra un peligro real de politización de la abogacía, pero su papel en ningún modo se parecerá, para bien o para mal, al que durante 19 años ha desempeñado el difunto decano. Hábil negociador y mediador en la transición española, Pedrol se cobró un poder que excedió a su propio cargo. Su sucesor será con toda probabilidad, un gestor de intereses corporativos, condicionado de partida por una ley de colegios profesionales que Pedrol logró limar pero no paralizar, y cuyo contenido todavía no ha trascendido. Los abogados han tomado posiciones con inusitada rapidez.
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