Al igual que en la Nación, 1884 fue de suma importancia para la Instrucción Pública de Jujuy. Luego de la sanción de la Ley 1420, en Julio, el conflicto con la Iglesia comenzó corporizarse. En Septiembre, representantes del clero jujeño dependiente del Obispado de Salta y Jujuy, iniciaron una virulenta campaña contra la normativa en púlpitos y pueblos, produciendo una crisis política en el grupo dirigente local y entre los integrantes de la Comisión Provincial de Escuelas. Ésta, recientemente conformada, se fracturó en dos sectores. Uno de ellos, identificado con el autonomismo roquista, pretendía imponer la neutralidad religiosa, mientras que el opuesto bregaba por la sanción de una legislación, que integrase la enseñanza religiosa al currículum escolar. Más allá de estas discrepancias, el conflicto con la Iglesia se desbordó, producto de la sostenida campaña anti-laicista que el Nuncio Apostólico, Monseñor Mattera, desarrollaba en todo el país, llamando a ignorar las decisiones políticas del Estado Nacional en materia educativa. Prédica que encontró eco favorable en el obispo de Jujuy, Buenaventura Rizo Patrón, quien públicamente manifestó su desacato, al tiempo que convocaba a la feligresía a no mandar sus hijos a las escuelas “sin Dios”.
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