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Los valores constitucionales de la propiedad y la aplicación del concepto «interés general» como fundamento de la potestad constitucional de corrección patrimonial en la extinción de dominio: Una interpretación desde la peculiaridad constitucional venezolana

    1. [1] Universidad Católica Andrés Bello

      Universidad Católica Andrés Bello

      Venezuela

  • Localización: Ars Iuris Salmanticensis: AIS : revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología, ISSN-e 2340-5155, Vol. 12, Nº. 1, 2024, págs. 55-82
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • The Constitutional Values of Property and the Interpretation of the Concept «General Interest» as a Foundation of the Constitutional Power of Property Correction in the Civil Forfeiture: An Interpretation from the Venezuelan Constitutional Peculiarity
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      La creciente criminalidad económica a nivel global, producto de los procesos globalizadores de las dos últimas décadas, ha obligado al diseño y la ejecución de nuevas formas de combate contra esta tipología de conductas. La incapacidad del Derecho penal para hacer frente con éxito impulsa el péndulo de las políticas criminales hacia la persecución civil-patrimonial, donde, por una ficción jurídica, se instaura un proceso de naturaleza civil contra los bienes de origen ilícito o cuyo uso devino en actividades contrarias a Derecho. Entre las nuevas formas, encontramos el decomiso civil o sin condena, propio de Europa y Norteamérica, o la variante latinoamericana denominada extinción de dominio. Venezuela se incorporó a las naciones que han implementado la extinción de dominio, no sin antes debatir las polémicas de este instituto basado en las tensiones entre los valores de la Constitución y el derecho de propiedad garantizado por el texto fundamental de 1999.

    • English

      The growing economic crime at a global level, product of the globalizing processes of the last two decades, has forced the design and execution of new forms of combat against this type of conduct. The inability of criminal law to successfully cope drives the pendulum of criminal policies towards civil-patrimonial prosecution, where, due to a legal fiction, a civil process is instituted against assets of illicit origin or whose use resulted in activities contrary to law. Among the new forms, we find civil confiscation or without conviction, typical of Europe and North America, or the Latin American variant called asset forfeiture. Venezuela joined the nations that have implemented asset forfeiture, but not before debating the controversies that this institute has brought about based on the tensions between the Constitution and the right to property guaranteed by the fundamental text of 1999.


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