El pasado 24 de abril, el pleno de la mexicana Cámara de Diputados aprobó[1] el dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, [2] igualmente lo hizo el Senado de la República seis días después, y llegó a final feliz el proceso legislativo al promulgarla el presidente Vicente Fox; éste es en sí un acto de gran trascendencia para los medios de comunicación, la sociedad civil, la democracia y en general la vida política del país, cuyo contenido, alcance y delimitación es necesario advertir.
Es cierto, tarde llega México a la corriente de presión internacional que insta a la transparencia informática del sector público, pero esto son los albores de una nueva relación entre la prensa y el poder o tal vez se advierten las orejas del lobo que quiere en el ejercicio de la ¿democracia¿ maniatar a la prensa mexicana, una de las más libres en su práctica en el mundo.
Independientemente de la conclusión del proceso legislativo de esta ley aún falta su reglamentación, es conveniente entrar a un análisis preliminar de ordenamiento en génesis, como un ejercicio académico, sino además para aportar algo al viejo y ahora nuevamente intenso debate sobre el tema.
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