Vigo, España
La evolución del régimen jurídico del despido disciplinario en el sistema español ha dependido, como es evidente, de las vicisitudes políticas y orientaciones ideológicas de los sucesivos legisladores y gobiernos. Sin embargo y sin duda, el Derecho vigente es deudor de su evolución la cual, al margen de antecedentes más remotos, parte, hace prácticamente cien años, del Código de Trabajo de 1926. En este artículo se analiza todo el desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial relativo a las extinciones del contrato decididas por la empresa por razón de la conducta del trabajador, con especial hincapié en los episodios, cambios y construcciones jurídicas que han sido más determinantes. A lo largo de sus páginas, pone de relieve los aspectos más críticos y criticables, para concluir con una exposición de las principales deficiencias de un modelo que cabe calificar de muy insatisfactorio. Como colofón, se proponen los principales retos para reconstruir una ordenación jurídica más adecuada técnicamente, coherente con un modelo constitucional de relaciones laborales y compatible con los compromisos internacionales asumidos por el Reino de España.
The evolution of the legal regime for disciplinary dismissal in the Spanish system has depended, as is evident, on the political vicissitudes and ideological orientations of successive legislators and governments. However, and without a doubt, the current Law is indebted to its evolution which, regardless of more remote antecedents, began, practically a hundred years ago, with the Labour Code of 1926. This article analyzes all the legislation, doctrine and case-law related to contract terminations decided by the company due to the worker’s conduct, with special emphasis on the episodes, changes and legal constructions that have been most decisive. Throughout its pages, it highlights the most critical and objectionable aspects, concluding with an exposition of the main deficiencies of a model that can be described as very unsatisfactory. As a culmination, the main challenges are proposed to reconstruct a more technically adequate legal system, consistent with a constitutional model of labour relations and compatible with the international commitments assumed by the Kingdom of Spain.
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