Los derechos humanos ambientales como justicia ambiental: desarrollos en America Latina y el Caribe

• Autores: Mario Aguilera Peña
• Localización: Revista de estudios políticos, ISSN 0048-7694, Nº 204, 2024 (Ejemplar dedicado a: La Política y el Derecho en la encrucijada ecológica), págs. 131-160
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Environmental human rights as environmental justice: Developments in Latin America and the Caribbean
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• Resumen
  • español

    La concurrencia de Estados de América Latina y el Caribe como partes de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Acuerdo de Escazú exige explorar las interacciones entre estos instrumentos y las implicaciones para la interpretación de las obligaciones estatales en materia de medio ambiente y derechos humanos. Este artículo analiza los solapamientos, las sinergias y los conflictos entre ambos instrumentos y muestra que, a pesar de no estar explícita o formalmente vinculados, comparten un enfoque común para la protección de los derechos humanos ambientales. Concluye que ambos instrumentos constituyen el marco de derechos humanos ambientales para América Latina y el Caribe, cuya principal característica es su pilar de condiciones de equidad para las personas y grupos vulnerables. La búsqueda por la justicia ambiental en la región hace visible que los instrumentos y políticas internacionales sobre desarrollo sostenible y democracia ambiental que no son coherentes con su premisa normativa de igualdad por no compensar la discriminación en la participación son incompletos.

  • English

    The concurrence of Latin American and Caribbean (LAC) states as parties to the American Convention on Human Rights and the Escazú Agreement makes it necessary to consider the interactions between these instruments and the implications for the interpretation of state environmental and human rights obligations. This article analyses the commonalities, synergies and conflicts between the two instruments and shows that, despite not being explicitly or formally bound together, they share a common approach to the protection of environmental human rights. It concludes that both instruments constitute the environmental human rights framework for Latin America and the Caribbean, the main feature of which is its pillar of fairness conditions for vulnerable persons and groups. As a consequence, it becomes visible that global instruments and policies for sustainable development and environmental democracy are incomplete if, in accordance with their normative premise of equality, they do not compensate for discrimination in participation.