Cuando el 31 de marzo de 1621 Felipe IV sucedió a su padre en el trono, la Monarquía se hallaba aquejada de gravísimos problemas financieros. La economía castellana sufría un enorme desgaste y las dificultades de la Hacienda Real no dejaban de multiplicarse. Los recursos indianos disminuían a cada paso, mientras los gastos de guerra crecían vertiginosamente, al tiempo que la relación entre estos últimos y el aumento de los impuestos se hacía más evidente que nunca. Para afrontar los compromisos bélicos y financieros, la Administración tomó distintas medidas, entre otras declarar sucesivas bancarrotas. Y también la solicitud de donativos, nueve en total a lo largo del reinado. Al primero de ellos, el de 1625, se dedican estas páginas, a su recaudación en las provincias vascas y a los conflictos internos que ocasionó en unos territorios poco articulados aún desde el punto de vista político, administrativo y fiscal.
When on 31 March 1621 Philip IV succeeded his father on the throne, the monarchy was suffering very severe financial shortcomings. The Castilian economy was worn out and the difficulties of the public finances went from bad to worse. Colonial resources decreased and the cost of war increased exponentially, while the relationship between the latter and tax hikes became ever more obvious. In order to meet its political and financial difficulties, the government adopted various measures, including several defaults and the request of nine Donativos during the new king’s reign. This paper deals with the first of these, requested in 1625, and with its impact in the Basque provinces and the internal conflicts that it triggered in a territory that was still poorly articulated from a political, administrative, and fiscal perspective.
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