El ensayo aborda la política de seguridad y defensa del Gobierno peruano, enfocada en enfrentar las amenazas contra la nación y el Estado. Reconociéndose la complejidad de los desafíos contemporáneos, se destaca la necesidad de soluciones que involucren a múltiples sectores y la colaboración civil. Sin embargo, se evidencia una falta de delimitación entre las actividades de Inteligencia y la investigación policial en un contexto donde la seguridad ciudadana es prioritaria. Esta carencia ha generado confusión, conflictos de competencia y falta de coordinación entre las instituciones pertinentes, dificultando la recopilación de información precisa, se requiere una definición de roles para el eficaz desempeño de todos los actores. Esto ha generado desafíos para organismos como el SIPOL y la Digimin. En consecuencia, se busca realizar un análisis descriptivo de esta problemática, enfocándose en la confusión en los límites y funciones entre el investigador criminal y el agente de inteligencia, con el propósito de identificar los efectos tanto dentro como fuera del proceso penal, investigando las causas y consecuencias de la participación de la inteligencia en la investigación.
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