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Cuestiones problemáticas en torno al funcionamiento de la vía económico-administrativa

  • Autores: José Miguel Martín Rodríguez
  • Localización: Documentos - Instituto de Estudios Fiscales, ISSN 1578-0244, Nº. 3, 2024 (Ejemplar dedicado a: Revisión crítica de la Ley General Tributaria tras veinte años de su aprobación)
  • Idioma: español
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Dentro del amplio elenco de cuestiones abiertas tras veinte años de vigencia de la LGT, en este estudio hemos optado por analizar tres problemas concretos con relación a la funcionalidad de la vía económico-administrativa en nuestro ordenamiento tributario.

      En primer lugar, hemos abordado el sempiterno debate sobre el carácter preceptivo de la vía económico-administrativa con carácter previo al recurso contencioso-administrativo. Por supuesto, nos hacemos eco de la reciente jurisprudencia que cuestiona la necesidad de agotar la esta vía económico-administrativa cuando se invoque únicamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas; situación que sin embargo parece no extenderse a las situaciones en que se conozcan de cuestiones relacionadas con el Derecho de la UE.

      El segundo aspecto que hemos examinado es la jurisprudencia que en los últimos años traslada el principio de buena administración a diferentes aspectos de la vía económico-administrativa.

      Particularmente, en materia de plazos, tanto el previsto para la notificación de los actos de ejecución de resoluciones estimatorias por razones materiales en el art. 239.3 LGT, como el transcurrido hasta la recepción del expediente por el órgano competente en caso de retroacción de actuaciones por motivos formales.

      Finalmente, por su importancia dentro de una vía de recurso caracterizada por su carácter gratuito e informal, hemos considerado necesario repasar la situación en que se encuentra el sistema de condena en costas en la vía económico-administrativa por temeridad o mala fe, por la anulación de las reglas para el cómputo de estas costas como por los cambios introducidos en la propia concepción de la temeridad.

    • English

      Within the wide range of open questions after twenty years of validity of the Spanish General Tax Law, in this study we have chosen to analyze three specific problems in relation to the functionality of the economic-administrative claims in our tax system.

      In the first place, we have addressed the everlasting debate on the mandatory nature of this economic-administrative claims prior to the administrative court appeals in the Spanish Tax system. Particularly, we analyze the recent rulings that question the need to exhaust this economicadministrative claims when only the unconstitutionality or illegality of the rules is invoked. This situation, however, is not extended to matters in which EU law is seized.

      The second aspect that we have examined is the jurisprudence that in recent years transfers the principle of good administration to different aspects of the economic-administrative claims. In particular, with regard to time limits, well that provided for the notification of acts implementing decisions upholding taxpayer claims for material reasons, well that until the receipt of the file by the competent body in case of retroaction of actions for formal reasons.

      Finally, due to its importance within a remedy characterized by its free and informal nature, we have considered it necessary to review the situation in which the taxpayer may face the costs of the procedure in the economic-administrative claims for recklessness or bad faith. Especially, due to the annulment of the rules for the calculation of these costs and for the changes introduced in the very conception of recklessness


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