La paulatina aparición de las innovaciones tecnológicas y, concretamente, de la inteligencia artificial, en su aplicación al desarrollo de las ciudades ha generado la popularización del concepto smart city. Un modelo de ciudad que apuesta por unos servicios urbanos «inteligentes» (movilidad, alumbrado, residuos, etc.). En este sentido, va a ser común que la Administración Pública recurra a agentes privados (a empresas tecnológicas, especialmente) para prestar estos servicios. Ahí, la contratación pública se erige como una parcela precisa para que los denominados proyectos smart puedan desarrollarse. Sin embargo, la regulación actual presenta ciertas carencias y desafíos frente a la propia idiosincrasia de las iniciativas «inteligentes». Especialmente relevante es la problemática jurídica de la protección de datos, habida cuenta de la ingente cantidad de información personal que requieren las iniciativas smart.
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