El Gobierno está tramitando una modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana que recorta el derecho ciudadano a ejercer la acción pública y limita los supuestos en los que se podrán declarar nulos los planes urbanísticos ilegales. Todo ello, se nos dice, para defender la seguridad jurídica y proteger los intereses sociales, económicos y medioambientales.
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