La Ley 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, ha supuesto un cambio radical en el sistema penitenciario de individualización científica. En ella se amplían los requisitos para la clasificación en tercer grado, y la libertad condicional, y se endurece el cumplimiento de la pena de prisión en general.
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